El excoordinador de la campaña a la gubernatura de Carlos Lomelí, José Juan Soltero Meza, y el exagente del Ministerio Público de la extinta Procuraduría General de Justicia, Jorge Véjar Orozco, presuntamente corrompen a jueces y magistrados para ganar procesos legales.

El señalamiento quedó dentro de un escrito que la defensa de los imputados, Alejandra Torrecillas y Gustavo Adolfo Galaz entregó al gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, el pasado 14 de mayo. Un documento igual, se entregó al secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedroza.

Alejandra Torrecillas y su esposo, Gustavo Galaz son acusados por Héctor Ramón Cota Guerrero, representante legal de la empresa Vimifos, por el delito de fraude específico y falsedad en declaraciones por la supuesta simulación del juicio laboral 2407/2012.

Vimifos es propiedad de Javier, hermano del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo. La empresa concedió un crédito en alimento camaronero a Acuícola de México, propiedad de Gustavo Galaz, pero no pudo pagar puesto que los camarones adquirieron una enfermedad que se llama La Mancha Blanca, murieron y se perdió toda la producción en 2010. El afectado negoció el adeudo, pero no pudo solventar el adeudo que alcanzó los 12 millones de dólares.

Los abogados solicitan al gobernador que “cese la corrupción de la que son víctimas mis clientes”, por parte del juez Noveno de lo Penal, Jaime Gómez, el Juez Segundo de Oralidad y Control, Juan José Rodríguez Velarde, así como de los agentes del Ministerio Público, José Lino Morales Estrada y Carlos Rivera García.

Otro señalados de formar parte de ese sistema corrupto del Poder Judicial son los exmagistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito con sede en Zapopan, Hugo Ricardo Ramos Carreón y Martín Ángel Rubio Padilla.

El grupo parlamentario de Morena en el Senado envió un escrito, con fecha 26 de febrero de 2019, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, denunciando casos de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación. A Hugo Ramos lo acusan de presuntamente haber recibido dinero, a través de sus hijos, para liberar al narcotraficante Rafael Caro Quintero. Ramos Carreón fue transferido a Tabasco, pero prefirió tramitar su jubilación.

En la misma carta que se mandó a Zaldívar se mencionó a Martín Rubio por actos de corrupción; al igual que Ramos fue readscrito, pero en su caso a Colima.

EL PROCESO

El 8 de junio de 2012, ante la falta de pago de sueldos un grupo de trabajadores presentaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Sonora un juicio laboral -2407/2012- en contra de Acuícola de México, S.A. de C.V., cuyo dueño es Gustavo Galaz, sin que se nombre en ningún momento en la demanda a Alejandra Torrecillas.

El 21 de septiembre de 2015, el apoderado de Vimifos, Juan José Duarte presentó ante la Fiscalía de Sonora una denuncia penal por fraude específico y falsedad en declaraciones por la supuesta simulación del juicio laboral.

El 22 de agosto de 2018, el agente del ministerio público de Hermosillo, Sonora, Luis Arutro Salazar López determinó el no ejercicio de la acción penal por el delito de fraude por simulación.

El 4 de septiembre de 2018, el vicefiscal de Control de Procesos de la Fiscalía General de Justicia de Sonora, Aurelio Cuevas Altamarino, confirmó la decisión del ministerio público.

Al darse cuenta que no prosperó el asunto en Sonora, el 5 de mayo de 2016, Héctor Cota presentó ante la Fiscalía de Jalisco una denuncia por el mismo delito.

A pesar de no ser competente la entidad, el ministerio público, José Lino Morales le da entrada el 22 de noviembre de 2017 a la querella, y la radica bajo la averiguación previa 28/2017, pero le añade los delitos de falsedad de informes dados a una autoridad y amenazas.

De manera inusual, puesto que el proceso es siempre lento, a los ocho días hábiles, Lino Morales consigna la averiguación previa ante un Juez de Primera Instancia.

El 13 de diciembre de 2017, el Juez Noveno de lo Criminal del Primer Partido Judicial de Jalisco, Jaime Gómez se declara competente para conocer del caso, con lo que se violó el Código Penal de Jalisco, y la Constitución.

A los dos días, el juez libró órdenes de aprehensión en contra de Alejandra Torrecillas, de su esposo, y otras personas, así como el aseguramiento e inmovilización de bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias.

El 5 de marzo, la mujer es detenida en Hermosillo junto con el contador de la empresa, Carlos Eleazer Reyes y el cocinero, Ramón Ruiz. Una semana después, de manera exprés se le declara el auto de formal prisión. Los abogados al no ser un delito grave, pidieron la libertad bajo caución, pero Jaime Gómez negó la petición al argumentar que Alejandra Torrecillas es una persona “de alta peligrosidad”.

El 6 de abril de 2018, el juez también dictó auto de formal prisión contra Gustavo Galaz.

El abogado defensor, Óscar Carriedo mencionó que presentaron múltiples recursos para combatir “las ilegalidades del juez Jaime Gómez, sin embargo,  siempre dictaba resoluciones contrarias a derechos y con la única consigna de beneficiar al abogado José Juan Soltero Meza”.

Se presentaron diversos amparos, todos coinciden en que el Jaime Gómez se debe declarar incompetente, y que remita la causa penal a Hermosillo. La parte contraria presenta un recurso de revisión número 519/2018, que recae en el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal.

El 11 de enero de 2019, el magistrado Hugo Ramos, con la anuencia del presidente del Tribunal, Ricardo Delgado Quiroz, retira de la sesión el recurso de revisión. Cuando los abogados defensores le cuestionan el porqué, les respondió que “he recibido una infinidad de llamadas relativas a este asunto, me han llamado senadores y políticos, entre ellos Arturo Zamora Jiménez’”, recuerda Oscar Carriedo.

Otra llamada que dijo que recibió fue de José maría Martínez, el senador que dejó el PAN para irse a Morena. La sesión para revisar el recurso se acordó sería el 7 de febrero.

En la carta dirigida a Enrique Alfaro, los abogados le mencionan que dos de los socios de Vimifos son el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours y el actual senador, Arturo Bours “quienes tienen bastante poder político y económico”.

Vimifos, un día antes de la sesión para revisar el recurso, nombró por la mañana del día 6, a otro abogado, Juan Carlos Soto Rodríguez “quien resulta ser amigo del magistrado Martín Ángel Rubio y supuestamente” de Hugo Ramos.

A casi 4 horas del nombramiento de Soto como abogado, de forma insólita se remitió el escrito a Hugo Ramos quien presentó un escrito ante el Pleno del Segundo Tribunal para avisar que no podía conocer del recurso, puesto que Soto funge como “autorizado en el juicio de amparo que promovió su hermano Jaime Cristiano Ramos Carreón”.

Oscar Carriedo apunta que en su calidad de ponente, Miguel Rubio debió recibir el escrito del nombramiento de Soto, no Hugo Ramos. Además, que el mismo día de la sesión también presentó un escrito de impedimento, por lo que se retrasó de nuevo la revisión.

El abogado defensor señala que existen diversos juicios de amparo en que Soto Rodríguez, Soltero Meza, Véjar Orozco, así como el nuevo representante de Vimifos, Sergio Rubén Inzunza Bonilla dilatan el procedimiento “casualmente en su mayoría, son turnados al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, basta con realizar una búsqueda minuciosa de todos los asuntos” de dichos defensores, “acreditando con ello el contubernio entre magistrados y despachos de abogados corruptos”.

Ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción se denunció -carpeta de investigación 110/2018- a Jaime Gómez, pero el juez José Luis Álvarez Pulido no lo vinculó a proceso. También se presentó una queja, la número 366/2018, contra Gómez en el Consejo de la Judicatura, pero no se ha resuelto.

También acudieron con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro quien les dijo que no podía intervenir.

ANTECEDENTE

Jorge Véjar fungió como defensor de una agiotista que para cobrar lo que le debía una pareja, mintió al decir que su deudor le vendió una casa en 4 millones de pesos en La Barca, pero las escrituras y el certificado de libertad de gravamen eran falso.

El usurero presentó a través de su abogado, Jorge Véjar una denuncia por fraude específico por su plantación de identidad, la cual fue admitida por el juez Ramón Alvarado Becerra.

En la investigación se comprobó que los documentos que presentó el agiotista eran falsos, e incluso se confirmó con un peritaje.

El juez desechó el peritaje al decir que no era colegiado, reclasificó el delito como fraude por suplantación de identidad y dictó auto de formal prisión contra la pareja. (Reporte Índigo 1/3/15).

Jorge Véjar fue señalado en la recomendación 18/2000 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de “consentir y tolerar” la detención ilegal de tres hombres, por lo que se pidió al entonces procurador, Gerardo Solís Gómez abrir una averiguación previa en su contra por abuso de autoridad y los delitos que resulten.